La Formación Profesional para el Empleo

La Formación Profesional para el Empleo es uno de los dos subsistemas de Formación Profesional existentes en España que, juntamente con la Formación Profesional subvencionada, tiene por objeto la formación de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar su capacitación profesional y desarrollo personal.
La formación subvencionada permite convocar cursos de acceso libre y gratuito que deben ser autorizados con anterioridad por La Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo. Por el contrario, la formación conocida como bonificada responde a un concepto totalmente opuesto, ya que la definen los propios participantes. De hecho se define como una formación bajo demanda.
Este segundo tipo de formación no es, sin embargo, gratuita. Debe costearse íntegramente por quienes hagan uso de ella. El estado, mediante el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo y su desarrollo a través de la Orden TAS/2307/2007 de 27 de julio, establece que cada empresa que cotice por la contingencia de Formación Profesional, sea cual sea su tamaño, actividad o ubicación, dispone de un crédito anual para la formación de sus trabajadores cuyo importe se obtiene al aplicar a la cuantía ingresada por cada empresa el año anterior, en concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje que anualmente se establece que puede hacerse efectivo mediante la aplicación de bonificaciones en sus cuotas de la Seguridad Social, siendo imprescindible que, para que las empresas puedan disponer de las correspondientes bonificaciones, se cumplan una serie de requisitos y trámites que podrán ser comprobados por la Administración.
Traduciendo todo este párrafo a algo más tangible inferiremos que cualquier empresa puede descontarse una cantidad determinada de los costes correspondientes a acciones formativas de, como mínimo, 420 euros.
Dichas cantidades, con los ajustes de cofinanciación que prevé la normativa y que están ligados al tamaño de su plantilla, pueden invertirse en actividades sin otro condicionante que se justifique su idoneidad para la actividad de la empresa, pudiendo ser desde cursos a medida a acciones formativas generales.
Dado que la FTE evalúa la bonificación a partir del cómputo de las horas individuales impartidas, el precio del curso no influye en el monto de la bonificación. Eso significa que si bien una empresa de tres trabajadores no podría bonificarse un curso de 1 260 €, no existe impedimento alguno para que a ese curso asistan las tres empresas y que cada una pueda bonificarse su parte.
Dicho esto los únicos límites aplicables serán la duración de la actividad formativa y las diferentes valoraciones económicas que la FTE hace de las tipologías formativas (presencial, teleformación o mixtas).
Así pues, ni la temática (a una empresa de traducción puede serle útil cualquier temática), ni la forma, ni el momento (hasta el 31 de diciembre), ni la duración (a partir de 6 horas) influirán en el diseño de la formación.
Finalmente indicar que los pasos a seguir son muy simples:
1. Las empresas que deseen participar en un curso deben, en primer lugar, adherirse a un convenio de formación con una empresa acreditada como organizadora por la FTE. La participación en una agrupación de empresas no implica ningún tipo de obligación ni exclusividad (una empresa puede participar en tantas agrupaciones como desee) y puede interrumpirse en cualquier momento.
2. El siguiente paso será conocer el monto disponible de cada empresa.
3. Seguidamente deberemos diseñar los cursos: duración, formato de impartición y temario son los pasos iniciales.
4. Una vez decidida la fecha de inicio del curso, deberemos comunicar los datos anteriores y el nombre de las empresas participantes a la FTE.
5. Finalizado el curso, se comunica a la FTE el nombre y los datos de los participantes de cada empresa y los costes individuales de cada una de ellas. Con estos datos la FTE establece la cantidad que podrá bonificarse en el siguiente pago a la Seguridad Social (en función del tamaño de la empresa existe la obligación de cofinanciar la acción).
Este proceso presenta evidentes ventajas operativas respecto a la formación subvencionada:
1. Libertad de temarios y de configuración de la acción formativa.
2. Libertad en la planificación temporal de la acción formativa.
3. Independencia de cada participante respecto al resto de integrantes (que uno de los participantes no cumpla las condiciones de participación solo afectará a su propia bonificación, no a la de los demás, como ocurre con la formación subvencionada).
4. Las empresas abonan por la gente que matriculan y recuperan por ese mismo factor.
5. La cantidad de participantes que posibilita la viabilidad de un curso es mucho más flexible que en el caso de la formación subvencionada.
En cuanto a la operativa que propone SIC, SL, una vez establecido el coste y el número de alumnos válido para una acción determinada, se asignarían una cantidad proporcional de plazas adicionales sin coste que permitirían, por ejemplo, la participación de aquellos componentes de las empresas que, por su condición laboral (autónomos, autónomos dependientes, colaboradores…) no pueden ser bonificados.
SIC

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